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10 de agosto de 2016

Historia de la minería en Chile

Conoce cómo ha evolucionado la minería en Chile, desde la época precolombina hasta hoy en que el sector es considerado un referente mundial y vitrina de buenas prácticas…

Desde la época precolombina y la Colonia al siglo XI

Los Atacameños fueron los primeros en explotar los minerales en nuestro país. Vivían en los valles de las cordilleras de las regiones de Tarapacá y Antofagasta. Extraían cobre en la zona donde hoy se ubica Chuquicamata y obtenían el oro de Inca Huasi (volcán de 6.638 metros en el límite argentino-chileno). Con los minerales estos indígenas elaboraban objetos decorativos que también ocupaban en ceremonias. Utilizaban herramientas de madera y piedras semi talladas, así como barrenos y rústicos cinceles para excavar piques en los faldeos de los cerros. Así extraían “charqui de cobre” o “cobre nativo”. Ocuparon hornos situados en lugares elevados para fundir porque allí el viento servía de atizador.

Luego, en la época de la conquista, el rumor de que había mucha riqueza en Chile animó a los españoles a explorar y asentarse en el territorio. Diego de Almagro y luego Pedro de Valdivia probaron suerte en los territorios del sur del imperio inca. Lo que encontraron en su camino fueron señales de la actividad minera de los atacameños.

Diego de Almagro, cuando regresaba al Cuzco, obtuvo herraduras de cobre para sus caballos precisamente de los hornos de Kamac-Mayu (Río Grande). Los españoles llegaron a Chile buscando el oro y lo encontraron, aunque no en las cantidades que esperaban. Se dedicaron a explotar los lavaderos que encontraron a lo largo del país, y aunque estos no tenían comparación con los ricos yacimientos de México y Perú, su explotación a través de indígenas esclavizados permitió financiar las primeras etapas de la colonización.

Ciudades como La Serena, Concepción, Valdivia, Imperial y Villarrica fueron fundadas en las cercanías de estos lavaderos. El auge de esta actividad, que llegó a extraer 2.000 kilos de oro anuales entre 1542 y 1560, sería breve. Tras la sobreexplotación de los lavaderos y la trágica disminución de la mano de obra disponible, la minería vivió un rápido declive. Tras la Batalla de Curalaba en 1598, los españoles sufrieron una estrepitosa derrota a manos de las huestes del toqui Pelantaro y varias ciudades al sur del río Biobío fueron abandonadas. Los conquistadores se replantearon sus estrategias de supervivencia, concentrando su actividad en la agricultura y la ganadería.

Mientras que en el siglo XVI la explotación de los lavaderos explica la conformación del capital original que otorgó los excedentes que hicieron posible la instalación de otras actividades económicas, los siglos XVII y XVIII han sido caracterizados por los historiadores como centurias agrarias que desde la Hacienda conformaron la identidad del alma nacional. Los antecedentes históricos revelan que en esos siglos, aún cuando la minería aparecía en un lugar secundario, la explotación artesanal de diversos yacimientos de oro, plata y cobre de altísimas leyes continuaron siendo una gran fuente de recursos, que posibilitaron la mantención del comercio interno e internacional.

Chile vivió un siglo XVI en el que la minería permitió a los primeros conquistadores la acumulación del capital que hizo viable la empresa constructora de la Capitanía.

En el siglo XVII el Reino de Chile fue redimensionado, y la actividad agrícola -a través de las encomiendas/haciendas- pasó a concentrar la economía dada la prioridad de la supervivencia alimentaria. La exploración de yacimientos se desplazó fuera de las zonas de guerra por la larga resistencia de los aborígenes del sur de Chile, iniciándose con ello la explotación de las primeras minas en el norte.

En el siglo XVIII hubo un profundo desapego por la actividad minera. Don Juan Egaña describió ese fenómeno en 1803, en su Informe al Real Tribunal de Minas, sorprendiéndose de la poca utilización de los recursos mineros disponibles en su amplia cordillera. Chile vivía básicamente de sus exportaciones agrícolas.

Durante la Guerra de Independencia los principales yacimientos del país se mantuvieron alejados de la zona del conflicto militar. Una vez asegurada la Independencia en 1818, la minería sufrió un rápido auge, al igual que gran parte de la producción de materias primas en Chile, producto de la caída repentina de las trabas que imponía la metrópoli al comercio colonial.

Al compás de la Revolución Industrial y las nuevas libertades de comercio, se dio paso a un resurgimiento de la minería como producción clave, esta vez con descubrimientos que abrieron las puerta a los ciclos de la plata (Chañarcillo) y del carbón (Lota) y luego de la Guerra del Pacífico, al ciclo del salitre, proceso con el que Chile ingresó a un siglo XX, marcado por la explotación del cobre a gran escala.

En el país siempre hubo explotaciones de pequeña y mediana importancia de casi todos sus recursos mineros (cobre, oro, plata, salitre y carbón) por parte de los aborígenes y posteriormente de los conquistadores, pero es a contar de mediados del siglo XIX que gracias a personajes como José Rojas (carbón de Coronel); Matías Cousiño (carbón en Lota); José Tomás Urmeneta (plata en Tamaya- Ovalle); el “Cangalla” Méndez (plata en Caracoles-Antofagasta); José Santos Ossa (salitre en Desierto de Atacama) y de una nueva y más libertaria institucionalidad, que la minería empezó a prevalecer en las exportaciones chilenas.

Desde luego, fue a contar del siglo XIX en que los efectos del espectacular desarrollo minero se extendieron hacia todas las áreas de la actividad y junto con el ordenamiento institucional y el coto al bandolerismo impulsado por Diego Portales, hicieron resucitar las confianzas empresariales en un agro destruido por los conflictos internos y externos, estimulando nuevas grandes inversiones que, surgidas desde la minería, permitieron obras como el canal Las Mercedes que llevaba agua desde el Mapocho hasta la Hacienda de Mallarauco.

Las exportaciones de cobre a Inglaterra pasaron de 60 toneladas a 12.700 a mediados del siglo. La venta sin embargo, se hacía en la forma de relaves y ejes, lo que castigaba el precio por ser un producto pobremente elaborado. Una pequeña revolución en este sentido fue la introducción del horno de reverbero en reemplazo de los antiguos hornos de manga. La tecnología fue introducida en Chile por el químico alsaciano Carlos St. Lambert, el primer horno se construyó hacia 1831 y en 1840 su uso ya estaba bastante extendido.

Entre 1840 y 1860 Chile sería por primera vez en su historia el mayor productor de cobre en el mundo. Un aporte digno de considerar fue el descubrimiento por parte de José Tomás Urmeneta de la veta principal de la mina Tamaya, que sería altamente rentable en el corto plazo. Esto impulsó al empresario a instalar las primeras fundiciones de cobre en Guayacán y Tongoy, uniendo esta última a la mina a través de un flamante ferrocarril financiado de su bolsillo y dotándola de modernas instalaciones portuarias.

Los primeros ferrocarriles chilenos son la muestra evidente de cómo el desarrollo promovido desde la minería iba aportando infraestructura clave para el país. De hecho el primero de los trenes construidos en Chile, que recorría el trayecto entre Caldera y Copiapó, tenía como fin principal servir como vía de comunicación entre la mina de plata de Chañarcillo y la costa. Fue inaugurado en 1851, el mismo año que Chile elegía al primer civil como presidente: Manuel Montt.

El auge del cobre llegaría a su decadencia a partir de 1870, producto de una crisis que haría caer persistentemente los precios durante décadas y del agotamiento de los yacimientos del Norte Chico. El problema no preocuparía demasiado. Pocos años después Chile salía triunfante de la Guerra del Pacífico y anexaría territorios ricos en Salitre, un nitrato fundamental en la época para la fabricación de explosivos y cuyo uso como fertilizante era extendido en el mundo. El país tenía prácticamente el monopolio de su producción.

Asimismo, y siguiendo una tradición cultural agraria hispana -en que la fama y el reconocimiento se recoge desde la propiedad de la tierra- los empresarios enriquecidos en la minería llegaron a los campos, introduciendo nuevas técnicas y cultivos, como el arroz, la alfalfa y las cepas importadas para la viticultura, fenómeno que hoy vemos reflejados en las marcas de vinos más conocidas en el país (Cousiño, Urmeneta).

En tanto, el comercio marítimo, acicateado por las decisiones de Rengifo-Portales de construir los muelles de Valparaíso, de reservar el cabotaje para los barcos chilenos y regular las importaciones con aranceles progresivos, según se tratara de bienes indispensables o superfluos, permitió que la marina mercante chilena, que en 1848 contaba con 105 barcos, llegara a tener 327 en 1865.

Y en materia institucional, para 1874 el primer Código de Minería nacional mantuvo el principio de propiedad eminente heredado de la época colonial, pero tomó partido -como era previsible- en favor de la agricultura y redujo las minas de libre adquisición. Asimismo, conservó el sistema de amparo por el trabajo, sin perjuicio de hacerlo algo más flexible y modificó el procedimiento de constitución de la pertenencia minera, introduciendo entre la manifestación y la mensura una actuación intermedia, llamada “ratificación”, que luego de inscrita conformaba un título provisional sobre la mina y autorizaba su explotación.

El Código de Minería de 1888 también mantuvo el principio de la libertad de minas y, junto con ello, extendió la enumeración de éstas de libre denunciabilidad, sustituyendo el régimen de amparo por el trabajo, por otro que se basaba en el pago de una patente o canon. El Código, empero, no innovó respecto del procedimiento de constitución de la pertenencia, que ya había dado y seguiría dando lugar a toda clase de pleitos y a la consiguiente inestabilidad de los títulos mineros.

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El ciclo abierto en 1830

Los ciclos económicos más prósperos que se observan a partir de 1830 indicarán nuevamente que en Chile es posible construir un futuro desde la minería.

Ese primer ciclo estuvo ligado a la explotación de cobre y plata del Norte Chico. Hacia la cuarta década del siglo XIX, Chile se transforma en el primer productor de cobre en el mundo, posición que ocupará en las dos décadas que siguen. Si bien este dato tiene más relevancia histórica que económica, ya que el consumo de cobre era bastante menor a nivel mundial, será la primera vez que Chile se instale como actor minero estratégico y temprano en la historia mundial. Como vemos, al menos en términos relativos, la minería ya situaba a Chile como un país rico y líder en un sector en la primera cincuentena de nuestra historia independiente.

El segundo ciclo de bonanza tendrá que ver nuevamente con la minería, pero incorporará elementos que se harán comunes en la historia económica del país. Los ingresos provenientes del primer ciclo sentarán las bases para un segundo: hacia 1850, en la plenitud del auge de la minería del Norte Chico, se incorpora como factor de dinamismo económico un fuerte incremento en las exportaciones agropecuarias. Pero éstas pudieron salir de Chile utilizando la infraestructura portuaria y caminera que la minería contribuyó a crear.

El descubrimiento de nuevos yacimientos internacionalizó aún más la minería chilena con el “boom” de Caracoles, que si bien se encontraba en territorio boliviano, era explotado por chilenos. Y aunque estos dos primeros hitos no serán considerados más que como pequeños ciclos y su importancia económica menor, contribuirán de manera definitiva a sentar el primer quiebre en esa concepción de la carencia chilena.

Las bases ya enunciadas entrarían en escena tras la guerra del Pacifico, centralizando la economía chilena en la explotación del salitre durante los próximos 50 años.

El salitre (1880 – 1930)

Las principales características del salitre, que determinaban su creciente demanda y precio, tenían que ver con condiciones geo-políticas y geo-económicas que se perfilaban en el mundo durante el siglo XIX.
Los ciclos económicos más prósperos que se observan a partir de 1830 indicarán nuevamente que en Chile es posible construir un futuro desde la minería.

La creación de los estados nacionales en Alemania e Italia y las crisis de los Imperios hacia fines de ese siglo determinaron un escenario de constante conflicto bélico. El nitrato era el insumo clave para la fabricación de explosivos. Por su parte, los avances en medicina y la creciente urbanización determinaron una fuerte explosión demográfica, volcando a los países a buscar la mejor forma de hacer rendir sus campos para alimentar a una población cada vez más numerosa. El fertilizante de esos años era el salitre.

Al tiempo que se generaban estas extraordinarias condiciones que aseguraban una demanda constante de nitrato, el país salía victorioso de la Guerra del Pacifico. Los grandes yacimientos salitreros de las provincias de Tarapacá y Antofagasta, que ya habían sido explotados por capitales chilenos en la década del 60, tenían además dos importantes ventajas comparativas: primero, grandes depósitos con alto contenido de nitrato; y segundo, una distancia al mar de no más de 80 kilómetros.

Chile se transformó en el mayor productor de nitrato del mundo. Entre 1880 y 1930 las exportaciones salitreras constituyeron el área más importante de la economía chilena.

Veamos las características de la industria minera del salitre y su impacto en la economía del siglo XIX:

-Entre 1880 y 1920 la tasa de crecimiento en la producción de salitre se ubica en torno al 6% anual.

-La industria salitrera requería poca tecnología y una gran fuerza laboral. La tasa laboral fluctuó en rangos cercanos a las 30.000 personas.

-Como porcentaje de las exportaciones, los primeros años de explotación significaron un 40% de las exportaciones totales del país, para llegar a constituir un 70% en plena I Guerra Mundial.

-La contribución al PIB fluctuó alrededor del 30% durante el período 1900-1920, mientras que las exportaciones aumentaron desde US$ 6,3 millones en 1880 a US$ 70 millones en 1928.

-En cuanto a los tributos cancelados, estos fluctuaron desde US$ 1 millón en 1880 a más de US$ 20 millones en los primeros años del siglo XX, lo que constituía casi el 50% de los impuestos totales entre 1895 y 1920.

Estas circunstancias económicas van a determinar la aparición de un nuevo tipo de Estado, con una mayor participación en la economía. Mientras en 1880 el gasto del Gobierno, como porcentaje del PIB, representaba una cifra del orden del 5% al 6%, para 1920 llegaba a un 14%, iniciando una fase de constante expansión que no se detendría hasta la década de los ’80.

La contribución al PIB fluctuó alrededor del 30% durante el período 1900-1920, mientras que las exportaciones aumentaron desde US$ 6,3 millones en 1880 a US$ 70 millones en 1928.

El nuevo Estado que emerge contará, por primera vez en la historia, con recursos y divisas en aumento que se trasformarán en un creciente gasto público y mayor bienestar para los chilenos. Reseñando el impacto social de estos recursos, Patricio Meller en su libro “Un siglo de economía política en Chile” señala que si para 1860 había 18.000 estudiantes en las escuelas básicas y 2.200 en las escuelas medias del sistema público, hacia 1900 la cifra llegaba a 157.000 y 12.600 respectivamente, para instalarse, en 1920, en 346.000 y 49.00010.

Producto de la actividad minera, para 1920 el 44% de las inversiones necesarias para “achicar” el país provenían del salitre, mediante la ampliación de la cobertura de ferrocarriles que pasan desde 1.106 kilómetros de vías en 1890 a 4.579 kilómetros en 1920.

Pese a estas cifras, se instaló en Chile la idea de la “oportunidad pérdida” con el boom del salitre. Sin embargo, las nuevas corrientes historiográficas y el análisis de las variables económicas de esos años, tienden a situar el “error” fuera del esquema de la minería y se le ubica más bien en las políticas fiscales implementadas por las autoridades de la época.

Al mismo tiempo que crecía el gasto fiscal, se sustituían impuestos con cargo a los ingresos de la tributación del salitre. Se eliminaron impuestos como la alcabala, que gravaba a la maquinaria agrícola y a la renta, por montos cercanos a los US$ 815 millones en 50 años.

Estamos, pues, en presencia de una estructura fiscal que incubaría serios problemas potenciales: por un lado, gasto fiscal creciente y rígido, ya que gran parte de las necesidades las debía asumir el Estado, generando aumento del empleo público; y, por otro, una estructura tributaria que dependía fundamentalmente de un solo ítem, expuesto además a fluctuaciones externas.

Si para 1860 había 18.000 estudiantes en las escuelas básicas y 2.200 en las escuelas medias del sistema público, hacia 1900 la cifra llegaba a 157.000 y 12.600 respectivamente, para instalarse, en 1920, en 346.000 y 49.000.

Las cifras macroeconómicas de la época muestran cómo el Estado chileno retuvo una parte importante de los excedentes generados por el salitre y que éste fue utilizado para financiar infraestructura social y física.
En cifras actualizadas, el aporte del salitre a la economía chilena entre 1880-1930 fue el siguiente:

– Incremento en la riqueza de Chile en US$ 3.500 millones.

– Impuestos recaudados iguales a 1/3 de todas las exportaciones del salitre.

– 27,6% de aumento de la renta per cápita.

– Inversión en obras públicas, industria, agricultura y ferrocarriles por US$ 1.106 millones.

– Reducción de impuestos de US$ 815 millones.

El auge de las exportaciones salitreras dio un fuerte impulso al sector externo chileno, transformándolo en el motor del crecimiento y generando dos cambios estructurales fundamentales en la economía chilena: primero, los inversionistas extranjeros llegaron a ser agentes importantes, principalmente en el sector minero exportador; segundo, a pesar del laissez-faire predominante, el gobierno comenzó a adquirir un papel cada vez más protagónico en la economía debido a los grandes ingresos tributarios generados por las exportaciones salitreras.

El cobre (1920 – 1971)

El auge y desarrollo del cobre comparte características similares con el salitre, pero su impacto en la economía está determinado por una gran diferencia. El cobre, hasta muy entrado el siglo XX, no tuvo la importancia económica relativa del salitre. En la segunda mitad del siglo XIX el cobre era ya uno de los principales productos chilenos de exportación. Sin embargo, esta industria nos parecería hoy irreconocible, pues estaba basada en la extracción en un gran número de pequeños yacimientos de muy buenas leyes y con alta ocupación de mano de obra.

El verdadero boom de la industria cuprera estuvo determinado por un brusco aumento de la demanda mundial, debido a la aparición de la industria eléctrica, la expansión del sector de la construcción y una importante innovación tecnológica en Estados Unidos, que hizo rentable la explotación en gran escala de minerales con bajo contenido de cobre (1%-2%).

En este contexto, para 1904 se iniciaron las faenas en El Teniente y para 1911 en Chuquicamata. Las inversiones de estos dos proyectos significaron un flujo de capitales externos de más de US$ 200 millones de la época, para llegar a producir en 1924 185 mil TM y representar, por sí solas, el 80% de la producción chilena. Había nacido un nuevo actor que se relacionará sustantivamente con la historia económica y política del país del siglo XX: la Gran Minería del Cobre.

El impacto de la minería en la economía del país se medirá, en lo sucesivo, en capital, tecnología moderna y confianza de los inversionistas extranjeros.

La proporción de las utilidades brutas de la producción de la Gran Minería del Cobre que quedó en Chile y la relación entre el gobierno y las empresas mineras, observa tres períodos claramente definidos.

Antes de 1925, la presencia del salitre proporcionaba suficientes ingresos al gobierno -que mantuvo la política de laissez-faire- con una tasa de tributación del orden del 1% de las ventas totales.

El auge de las exportaciones salitreras dio un fuerte impulso al sector externo chileno, transformándolo en el motor del crecimiento y generando dos cambios estructurales fundamentales en la economía chilena: primero, los inversionistas extranjeros llegaron a ser agentes importantes, principalmente en el sector minero exportador; segundo, a pesar del laissez-faire predominante, el gobierno comenzó a adquirir un papel cada vez más protagónico en la economía.
Entre 1925-60, el trauma del salitre marca las políticas del Estado chileno, orientadas a reducir las características de enclave minero, conectar la Gran Minería del Cobre (GMC) a la economía chilena y utilizar sus excedentes para impulsar el desarrollo económico. La principal herramienta fue impositiva, al punto que para la década de los ’50 el 60% de la tributación total correspondía a la GMC, mientras la tasa promedio del período fue de un 38%. Chile captaba entonces el 61% de las utilidades brutas de las exportaciones de la GMC. Sin embargo, será otro el gran aporte de la minería a la economía chilena: los costos salariales. Pese a que menos del 1% de la fuerza de trabajo laboraba en esta actividad, junto a la GMC surgieron salarios y sindicalización a tasas desconocidas en estas latitudes.

Entre 1960-1971, se instala la preocupación en torno a que las firmas norteamericanas no estuvieran expandiendo la producción de cobre en concordancia con los objetivos nacionales. La principal demanda fue entonces el aumento de la inversión. Aunque la participación nacional en las exportaciones de la GMC se elevó a 66% durante la década de 1960, se pensaba que el cobre era demasiado importante para el desarrollo de Chile como para que estuviera bajo control extranjero. De este modo, la cuestión de la participación chilena en las decisiones referentes a la producción y la inversión en el cobre se transformó en el tema fundamental del proceso de negociación entre el Estado chileno y las firmas norteamericanas, proceso que culmina con la nacionalización de la GMC bajo el gobierno de Salvador Allende.

Ahora bien, las remesas de utilidades y amortización del capital de estas compañías representaron el 1%-2% del PIB en el período 1950-1970, mientras que la inversión interna total era de alrededor del 20% del PIB.

Otro fenómeno que marca la discusión de esos años y que adquiere un carácter fundamental al inicio del siglo XXI dice relación con los efectos que un ambiente de inestabilidad puede crear sobre una industria como la minería. Patricio Meller indica, en este sentido, que pese a que las tasas de retorno de las multinacionales del cobre fueron de por lo menos 19% al año en Chile (en otras regiones obtenían menos de 10%), la participación chilena en la producción mundial de cobre declinó desde el 21% (1945-49) al 15% (1950-59) y 14% (1960-70).

La explicación de esta variable parece radicar tanto en los impuestos directos que afectaban a esta industria y las políticas cambiarias aplicadas de manera dual, con un dólar sobrevaluado para las exportaciones de cobre -lo que generaba una mayor transferencia- mientras la producción de transables para la economía interna estaba protegida por un complejo sistema de aranceles altos que evitaba la desindustrialización de un país embarcado en una política de sustitución de importaciones.

Entre 1925-60, el trauma del salitre marca las políticas del Estado chileno, orientadas a reducir las características de enclave minero, conectar la Gran Minería del Cobre (GMC) a la economía chilena y utilizar sus excedentes para impulsar el desarrollo económico.

La creación en 1955 del Departamento del Cobre, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, para supervisar las operaciones de las firmas norteamericanas de la GMC y recopilar estadísticas sobre producción física, precios, tributación, utilidades y otros ítems, genera profesionales chilenos, ingenieros, economistas, contadores y abogados, que marcan un salto cualitativo en la creación de know how y competencia del capital humano nacional.

A mediados de los ’60 surge una profunda discrepancia entre las empresas norteamericanas del cobre y el gobierno chileno respecto de las decisiones de inversión y de expansión de la producción, exigido éste último por una explosión de expectativas políticas y sociales que le demanda mayores recursos.

Por otro lado, a contar de 1970, otros factores influyen decisivamente en el proceso económico. La desconfianza de los inversionistas norteamericanos en un ambiente enrarecido por revoluciones y “cuartelazos” en América Latina y la intervención estadounidense en los precios y producción del cobre en períodos de guerra, contribuyeron a generar un ambiente de mutuo recelo que terminó en un proceso creciente de nacionalización, que creó bases de desarrollo económico para el país, pero que también congeló por espacio de 20 años la entrada de nuevos capitales y tecnología.

Redefiniciones

Aunque el período 1973-1982 está marcado por la exploración, se caracteriza por la escasa atracción de inversión minera hacia Chile. A pesar que en 1974 se dicta el Decreto Ley 600 sobre Inversión Extranjera, contrato ley que garantiza la invariabilidad en las reglas que regulan el ingreso de capitales extranjeros a Chile, el clima de incertidumbre jurídica e inestabilidad político-institucional desalentó la llegada de nuevos proyectos mineros, que requieren de escenarios largos de maduración. En este contexto, la crisis económica de 1981-82 activó en las autoridades de la época la necesidad de legislar para permitir una mayor apertura de la economía.

La Ley Orgánica Constitucional (LOC) de Concesiones Mineras estableció garantías de propiedad a los poseedores de las mismas e innovó en un punto fundamental: trasladó al Poder Judicial la resolución de los casos en que el Estado podía expropiar las pertenencias (mediatización del concepto de bien común) y, a su vez, facultó a los Tribunales de Justicia para conocer de manera exclusiva y excluyente si en la explotación del recurso se cumple o no con el interés público que la Constitución mandata.

La dictación de este estatuto jurídico no sólo respondió a necesidades económicas. Su orientación dice relación con un cambio de mentalidad respecto de la percepción del rol de la minería en el país y las orientaciones que determinarán esta industria en Chile. El criterio imperante, previo a la dictación de la LOC de Concesiones Mineras, respondía a la necesidad de proceder a una explotación acelerada del cobre, al que se le consideraba en riesgo de sustitución u obsolescencia por efecto del desarrollo tecnológico.

Por otra parte las autoridades de la época deciden desechar la posibilidad de llevar adelante una política de control de precios de mercado, iniciada con la renuncia de Chile a la desaparecida Comisión Intergubernamental de Países Exportadores de Cobre (CIPEC), al tiempo que aumentaban la producción de cobre.

La Ley Orgánica Constitucional (LOC) de Concesiones Mineras estableció garantías de propiedad a los poseedores de las mismas e innovó en un punto fundamental: trasladó al Poder Judicial la resolución de los casos en que el Estado podía expropiar las pertenencias.
Este marco coincide con una de las mayores recesiones económicas mundiales, que en Chile tuvo consecuencias severas, marcando un retroceso que no se revertirá hasta la segunda mitad de la década de los 80′. A partir de 1985, en las condiciones de un itinerario institucional de transición diseñado hasta 1989, de condiciones jurídico-económicas creadas en la década de los 70 y de la nueva visión sobre la minería que se instala en el país, se crean condiciones de recuperación de la actividad minera, que van a demorar casi un lustro en dar sus primeros frutos. El despliegue de la minería va a coincidir, finalmente, con el retorno a la democracia.

El boom de los ’90

Durante la década de 1990 a 2000, el sector minero mostró un dinamismo sin precedentes, resultado de una abundante inversión extranjera. El flujo de capitales mineros llegó a nuestro país gracias a la riqueza de su subsuelo y a su estabilidad política, social y económica. Las condiciones jurídico-institucionales ya existían a partir de 1974, pero serán el marco de estabilidad democrática y la amplia base de consensos políticos las que garantizarán este despegue.

La minería ha sido protagonista de la senda de crecimiento alto y sostenido que tuvo la economía chilena en la última década. Pese al freno tras la crisis asiática de 1997, el sector ha sostenido un crecimiento anual promedio en la producción de cobre entre 1998 y el año 2002 cercano al 6%, cifra muy superior al 3% de crecimiento anual del PIB nacional. De este modo, a pesar de los precios relativamente bajos de nuestros más importantes recursos metálicos, la participación de la minería en el PIB nacional aumentó de un 8% en 1997 a un 10% en el 2000.

Desde la promulgación del Estatuto de Inversión Extranjera hasta el año 2002 se autorizaron inversiones por US$ 86.695 millones. De esta cifra US$ 37.635 millones correspondieron a inversiones autorizadas para el sector minero, es decir, un 43% del total.
Los gastos estimados en exploración en Chile, en los últimos 10 años han oscilado entre 73 y 245 millones de dólares anuales, con un promedio anual para la década de 150 millones de dólares.

A su vez, el auge de la exploración permitió incrementar las reservas de cobre conocidas, lo que se refleja en el crecimiento de la superficie concesionada para la explotación minera, que subió desde 4 a 8,4 millones de hectáreas en el período señalado.

Otro factor básico para atraer inversiones a la minería chilena fue la calidad de sus recursos humanos. Nuestra gente, especialmente en el Norte, posee una sólida cultura y tradición minera y una creciente formación técnica en nuevas tecnologías, acentuada en la última década, a las cuales las empresas dedicaron importantes recursos en la capacitación de sus trabajadores.
La disposición en términos privilegiados de un bien estratégico, en condiciones de ser explotado por una adecuada infraestructura vial, energética y de comunicaciones -porcentaje sustantivo producto de la propia actividad minera-, una política económica responsable y expansiva, estabilidad democrática y el marco jurídico-institucional, juegan como atributos relevantes para impulsar el desarrollo de los negocios mineros en Chile.

El resultado fue un boom económico y minero sin precedentes.

El súper ciclo y las lecciones posteriores

La inversión minera materializada entre 1990 y 2002 sumó más de US$ 18.000 millones.

Luego, surge lo que se llamó el súper ciclo de los commodities, período en que el precio de la libra de cobre alcanzó cifras históricamente altas, lo que motivó a las mineras a elevar de manera considerable sus capacidades productivas.

El boom del precio del metal rojo comenzó el 16 de diciembre de 2003, cuando su valor alcanzó US$ 1 la libra por primera vez en seis años, desde el estallido de la llamada crisis asiática.

Después, se fue elevando hasta que en 2008 superó los US$ 4 la libra por primera vez en su historia. El país crecía a una tasa que se acercaba al 5% y la economía china se expandía a cifras de dos dígitos.

En 2010, China se convierte en el principal socio comercial de Chile, y en febrero de 2011 el precio de la libra de cobre llega a su nivel más alto: US$ 4,6. Después, producto de la ralentización de China, la crisis del euro y la lenta recuperación de Estados Unidos el precio comenzó a bajar.

En noviembre de 2014 fue la última vez que el cobre se cotizó sobre los US$ 3 la libra. Luego, China anuncia un recorte en su proyección de crecimiento a 7%.

En enero de 2016, y por primera vez en seis años, la libra de cobre se cotizó bajo los US$ 2. En los últimos meses el precio ha promediado los US$ 2,15. Y se espera para el próximo año una leve alza de US$ 2,2 la libra como promedio.

El súper ciclo permitió que entre 2003 y 2014 el PIB de Chile se elevara de US$ 77.800 millones a más de US$ 258.000 millones, de acuerdo a datos del Banco Mundial.

El descenso del precio del metal rojo vino acompañado por el encarecimiento de insumos críticos como el agua y la energía, lo que obligó a la industria minera a diseñar y ejecutar estrategias de gestión que priorizaran la reducción de costos pero manteniendo la eficiencia productiva.

Las metas de las mineras ya no eran elevar producción sino que mantener sus capacidades productivas. Aumentó el interés por innovar en los procesos productivos y por las Energías Renovables No Convencionales (ERNC). Así, la minería fue pionera en aplicar sistemas de uso de agua de mar y de impulsar la instalación de amplios parques fotovoltaicos y eólicos.

Por otra parte, muchas iniciativas de inversión quedaron paralizadas por la llamada judicialización de los proyectos mineros, resultado de las mayores exigencias de las comunidades en materia de impacto social y ambiental. La industria ha debido adecuarse a estas reclamaciones y las nuevas normativas que de ellas surgieron.

Hoy existe consenso entre todos los actores del sector en que debe haber un trabajo conjunto entre los sectores público y privado para que el rubro funcione en base a estrategias de largo plazo y se convierta en una minería virtuosa que sume sustentabilidad, mayor innovación y especialmente más inclusividad.

Además se trabaja en mecanismos para atraer mayor inversión extranjera y en diversificar el rubro para potenciar la explotación de minerales distintos al cobre. Un hito fue la presentación a comienzos de 2016 de la Política Nacional del Litio y la Gobernanza de los Salares.

En ese marco se creó el Comité de minería no metálica, que tiene como objetivo velar, coordinar y establecer con los organismos públicos competentes la coherencia necesaria para la gobernanza integrada y sustentable de los salares conducente a establecer las condiciones de exploración y explotación; regular los flujos máximos de extracción de salmueras, conocimientos de los recursos y modelos hidrogeológicos; el seguimiento y control de factores productivos y balances de masa; y contribuir con la Comisión Chilena de Energía Nuclear- en la definición de cuotas y/o programas anuales máximos de comercialización del litio, entre otras materias.

En tanto, se ha encomendado a Codelco el estudio de un modelo de negocios que le permita desarrollar la explotación del litio en los Salares de Maricunga y Pedernales. La compañía estatal se encuentra trabajando intensamente en este modelo y en la búsqueda de definir un socio estratégico.

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